20-7-2023 | Consejo General del Poder Judicial<\/p>\n\n\n\n
El tribunal estima en su sentencia un recurso de la Asociaci\u00f3n Espa\u00f1ola de Asesores Fiscales, y declara la nulidad de varios art\u00edculos de la Orden de Hacienda que fijaban esa imposici\u00f3n general<\/p>\n\n\n\n
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia de 11 de julio de 2023, en la que anula la exigencia a los contribuyentes de presentar la declaraci\u00f3n del IRPF por medios electr\u00f3nicos a trav\u00e9s de Internet, realizada en la Orden del Ministerio de Hacienda HAC\/277\/2019, de 4 de marzo, \u201cpues se establece de manera general para todos los obligados tributarios sin determinar los supuestos y condiciones que justifiquen, en atenci\u00f3n a razones de capacidad econ\u00f3mica, t\u00e9cnica, dedicaci\u00f3n profesional u otros motivos, que se imponga tal obligaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n\n\n\n
El tribunal estima en su sentencia un recurso de la Asociaci\u00f3n Espa\u00f1ola de Asesores Fiscales, y declara la nulidad de varios art\u00edculos de la Orden de Hacienda que fijaban esa imposici\u00f3n general.<\/p>\n\n\n\n
La Orden anulada parcialmente incorpora como novedad, seg\u00fan resumen en su exposici\u00f3n de motivos, que con sus disposiciones \u201c[\u2026] desaparece la posibilidad de obtener la declaraci\u00f3n y sus correspondientes documentos de ingreso o devoluci\u00f3n en papel impreso generado a trav\u00e9s del Servicio de tramitaci\u00f3n del borrador\/declaraci\u00f3n de la Agencia Estatal de Administraci\u00f3n Tributaria. En su lugar, la declaraci\u00f3n deber\u00e1 presentarse por medios electr\u00f3nicos a trav\u00e9s de Internet [\u2026]\u201d por los procedimientos y lugares que establece.<\/p>\n\n\n\n
La resoluci\u00f3n subraya que la Ley General Tributaria reconoce el derecho, que no la obligaci\u00f3n, de los ciudadanos a utilizar los medios electr\u00f3nicos, as\u00ed como el deber de la Administraci\u00f3n de promover su utilizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
\u201cLa Administraci\u00f3n puede realizar acciones que propicien y faciliten la consecuci\u00f3n de determinado objetivo, en este caso la utilizaci\u00f3n de \u201ct\u00e9cnicas y medios electr\u00f3nicos, inform\u00e1ticos y medios telem\u00e1ticos\u201d, pero no puede imponer su utilizaci\u00f3n obligatoria a los ciudadanos, en tanto que obligados tributarios, a los que, como reconoce el art. 96.2 LGT (Ley General Tributaria), se les reconoce el derecho a relacionarse con la Administraci\u00f3n, y a hacerlo con las garant\u00edas necesarias a trav\u00e9s de t\u00e9cnicas y medios electr\u00f3nicos, inform\u00e1ticos o telem\u00e1ticos, pero no la obligaci\u00f3n de hacerlo, no desde luego como resultado de esta norma, cuyo significado como principio general de ordenamiento jur\u00eddico tributario resulta patente\u201d, subrayan los magistrados.<\/p>\n\n\n\n
A\u00f1ade la sentencia que, proclamado en el art\u00edculo 96.2 de la Ley el derecho de los ciudadanos a relacionarse electr\u00f3nicamente con la Administraci\u00f3n, no cabe interpretar que la habilitaci\u00f3n legal prevista en otros art\u00edculos de esa Ley y de la del IRPF \u201cpermitan al Ministro de Hacienda establecer con car\u00e1cter general una obligaci\u00f3n all\u00ed donde el art. 96.2 de la Ley establece un derecho\u201d.<\/p>\n\n\n\n
\u201cY eso es, cabalmente, lo que hace la Orden HAC\/277\/2019, impugnada, pues el sometimiento a la obligaci\u00f3n de presentar telem\u00e1ticamente la declaraci\u00f3n se dirige a todo el potencial colectivo de obligados tributarios por un impuesto que, como es el caso del impuesto sobre la renta de las personas f\u00edsicas, alcanza a la generalidad de las personas f\u00edsicas que realicen el hecho imponible, sin distinguir ninguna condici\u00f3n personal que justifique que se imponga la obligaci\u00f3n de declarar y liquidar por medios electr\u00f3nicos\u201d, a\u00f1aden los jueces.<\/p>\n\n\n\n
Por otro lado, a\u00f1aden que \u201cdeterminar los supuestos y condiciones de presentaci\u00f3n de las declaraciones por medios electr\u00f3nicos o telem\u00e1ticos no significa que la ley autorice a la norma reglamentaria a dejar sin efecto el derecho, que es lo que hace la Orden HAC\/277\/2019, sino que requiere identificar que caracter\u00edsticas o circunstancias concurren en determinados obligados tributarios, que les diferencien del conjunto de los obligados tributarios -para los que relacionarse electr\u00f3nicamente es un derecho- y que justifican la pertinencia de imponerles la obligaci\u00f3n de relacionarse necesariamente de forma electr\u00f3nica, en lugar del derecho, ejercitable o no, a hacerlo en esta forma\u201d.<\/p>\n\n\n\n
La sentencia ha sido dictada por la Secci\u00f3n Segunda de la Sala de lo Contencioso, con ponencia del magistrado Rafael Toledano, y revoca la resoluci\u00f3n previa de la Audiencia Nacional, que no dio la raz\u00f3n a la Asociaci\u00f3n de Asesores Fiscales en cuanto a la nulidad de imponer la declaraci\u00f3n del IRPF por Internet.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
20-7-2023 | Consejo General del Poder Judicial El tribunal estima en su sentencia un recurso de la Asociaci\u00f3n Espa\u00f1ola de Asesores Fiscales, y declara la nulidad de varios art\u00edculos de…<\/p>\n